POR UNA PESCA LEGAL Y SOSTENIBLE
En los últimos cinco años se capturaron 87
embarcaciones de bandera nacional y extranjera desarrollando actividades de
pesca ilegal en las costas colombianas, el año pasado se decomisaron 24 que se
encontraban en áreas no autorizadas o sin el permiso de la autoridad
competente, mientras que para este año se han identificado apenas 5
embarcaciones.
Cabe aclarar, que esta situación se ha
venido mitigando como resultado de los operativos de control e inspección que
adelanta la AUNAP en compañía de las demás entidades de control en puerto,
donde se verifica el cumplimiento de las normas de pesca vigentes.
¿A qué se debe este cambio? Para asegurar
una respuesta certera, habría que remontarse al 2012 cuando se creó la Mesa
Nacional de Pesca Ilegal, coordinada por la Autoridad Nacional de Pesca y
Acuicultura (Aunap) e integrada por diferentes entidades como la Armada
Nacional, la Fiscalía, la Cancillería, Parques Nacionales, la DIMAR, la DIAN y
Migración Colombia.
La interacción de diferentes actores del
Estado en la lucha por un propósito común, logró fortalecer los mecanismos de
control y captura de embarcaciones que no cumplían con la ley, y esto a su vez
encendió las alarmas de las personas que pensaban que podían continuar
lucrándose con los recursos pesqueros del país, sin una sanción ejemplar.
“La mesa nacional ha servido para lograr
una mayor concientización de todos los actores sobre el aprovechamiento
responsable del recurso pesquero que tenemos, pero también las comunidades
costeras, quienes han hecho un uso tradicional de estos recursos, se han visto
más comprometidas en cuidar de ellos gracias a las campañas de concientización
adelantadas por la entidad”, aseguró Luisa Fernanda Maldonado, profesional
técnica de la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, Aunap.
Adicionalmente, cuando las estadísticas
fueron preocupantes en el año 2012, y se evidenció la presencia repetitiva de
embarcaciones extranjeras (7 ecuatorianas y 2 costarricenses) se tomó la
decisión de iniciar los Planes Binacionales de Pesca Ilegal entre Colombia -
Ecuador; y Colombia – Costa Rica. “El plan se inició con las cancillerías de
dichos países y con el tiempo se involucraron las autoridades competentes,
entre todos los organismos estatales se
han aunado esfuerzos para crear campañas
de sensibilización y capacitación a los nacionales, sobre lo que es permitido
en los pasos fronterizos, y así no caer en un delito”, puntualiza Maldonado.
Según las estadísticas, en el 2013 se
interceptaron 30 embarcaciones en actividades ilegales; aunque el número se
incrementó con respecto a 2012, cuando apenas hubo 18.
La explicación técnica se debe a que los
controles se incrementaron fuertemente y hubo un mayor esfuerzo en estos
operativos, por esta razón, el número de capturas aumentó y fue un mensaje
contundente dirigido a las cancillerías para que tuvieran el control de sus
fronteras. De esta manera, ningún caso quedó en la impunidad, como sucedió en
épocas pasadas, por no contar con un plan y monitoreo bien estructurado donde
participaron varios actores.
Proyecto de Ley de pesca ilegal cursa en
el Congreso
El pasado 20 de agosto, quedó radicado en
el Congreso de la República el proyecto de ley sobre pesca ilegal, que busca
sancionar a quienes hagan uso indebido de los recursos pesqueros.
La modificación se plantea en dos puntos
principales. El primero, que se contabilicen 36 horas para judicializar al
infractor, una vez arribe al puerto. Y no como se viene haciendo hasta ahora,
donde las 36 horas son contadas a partir de la captura en alta mar, lo que
dificulta judicializar al infractor, ya que una vez en puerto, se vencen los
términos y el infractor queda libre.
“Después del esfuerzo operativo que hacían
varias entidades, entre ellas la Armada Nacional, para castigar al infractor,
una vez arribaban al puerto, ya no puede hacer nada, por el vencimiento de
términos estipulados en la ley, y solo se realiza una sanción administrativa,
pero no penal”, explica Maldonado. “Esto tiene que cambiar”.
La segunda reforma queda contenida en el
código penal, donde se solicita una mayor severidad por parte de la ley a los
infractores. Esto quiere decir, aumentar los meses de prisión, de 60 a 108
meses, para que este delito no sea excarcelable.
